La Fundación Mujeres que Viven tuvo una participación destacada en el banderazo de salida de la Ruta Rosa, la iniciativa de la Secretaría de Salud para llevar mastografías gratuitas a las comunidades más vulnerables del estado.

La Presidenta de la Fundación, Lic. Ana Lucía Murillo Villalobos, formó parte del presídium junto al Secretario de Salud de Baja California, Dr. José Adrián Medina Amarillas, y durante su mensaje enfatizó que Octubre Rosa es la oportunidad para que cada mujer reflexione sobre la importancia de la detección oportuna, un mensaje que la Fundación repite incansablemente.

La Fundación Mujeres que Viven aplaude esta iniciativa, ya que impacta directamente en la meta de reducir los diagnósticos tardíos.

La Ruta Rosa pondrá en operación tres unidades móviles de mastografía que visitarán las 22 zonas más vulnerables del estado. Con una capacidad de hasta 200 estudios diarios, la meta anual es realizar más de 22 mil mastografías.

Durante la ceremonia estuvieron presentes la Presidenta de la Fundación Mujeres que Viven, Lic. Ana Lucía Murillo Villalobos; la Presidenta del DIF Municipal de Mexicali, Mtra. Karla Edith González Navarro; la Directora del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, Lic. Laura Marmolejo Toscano; la Directora General del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Lic. María de Ángeles Murillo Flores; en representación de la Directora del Instituto de la Mujer para el municipio de Mexicali, Lic. Elvira Lizeth Núñez Burton; en representación de la Directora de CETYS Universidad Preparatoria, Mtra. Silvana Ortiz López; la Directora de la Fundación Mujeres que Viven, Mtra. Patricia Pacho Ruiz; así como pacientes y voluntariado de la Fundación, además de representantes de los medios de comunicación.

Como invitados especiales también acudieron el Cónsul Adscrito Ricardo Francisco Hernández Lecanda y su esposa, así como el Grupo de Risaterapia de Mexicali.

“En Mujeres que Viven, nos esforzamos día a día por continuar con el ejemplo de mi mamá, la Sra. Murillo, fundadora de la Fundación. Ella fue una mujer que pensaba, hablaba y, sobre todo, actuaba con el corazón.” Comentó la Lic. Ana Lucía Murillo, presidenta de Fundación Mujeres que Viven.

A lo largo del mes de octubre, la Fundación Mujeres que Viven llevará a cabo diferentes actividades como parte de su calendario de concientización, reforzando el llamado a la autoexploración y a los estudios médicos oportunos.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) para la creación de una Fiscalía Especializada en Extorsión, con el propósito de atender de manera integral este delito, cuyo crecimiento ha impactado tanto en el ámbito local como nacional.
La propuesta fue presentada por el diputado Jaime Cantón Rocha, quien subrayó la urgencia de establecer mecanismos que garanticen una atención inmediata y focalizada a las víctimas, además de robustecer la capacidad investigadora de la institución. Señaló que la extorsión se ha convertido en un fenómeno en ascenso que exige acciones firmes y coordinadas.
El legislador explicó que, si bien el Gobierno del Estado y la FGE han implementado estrategias para combatir la delincuencia organizada y delitos de alto impacto, la magnitud y complejidad de la extorsión hacen indispensable contar con un órgano especializado que asegure resultados más efectivos en la investigación y sanción de quienes cometen este ilícito.
Actualmente, la FGE cuenta con un Grupo Especial de Investigación de Delitos de Extorsión, que entre junio y agosto de 2025 reportó detenciones en Mexicali, Tijuana, Ensenada y Rosarito. Al respecto, Cantón Rocha reconoció este esfuerzo y afirmó que, de conformarse la Fiscalía Especializada, se fortalecerían las herramientas técnicas y jurídicas para dar justicia a la ciudadanía.
En ese sentido, el legislador plantea que el nuevo órgano goce de autonomía técnica y orgánica, recursos propios y atribuciones plenas para enfrentar el fenómeno con la seriedad y continuidad que exige la ciudadanía. “Contaría con: Recursos humanos, técnicos y presupuestales permanentes; Atención integral a las víctimas; y Coordinación interinstitucional en la persecución de estos delitos”, señaló.
En su exposición, el diputado recordó que el pasado 8 de julio la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que establece la obligación del Estado de asumir la carga principal en la persecución de este delito, liberando a las víctimas de esa responsabilidad.
Finalmente, destacó que entre las acciones contempladas por la estrategia federal se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos estatales, el uso del número 089 para denuncias anónimas, la apertura automática de carpetas de investigación, así como medidas operativas como el bloqueo de líneas telefónicas y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a actividades de extorsión.

Con el propósito de enfrentar las nuevas formas de criminalidad que surgen en el entorno digital, el diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Baja California, incorporando un nuevo título dedicado a los delitos cibernéticos y tecnológicos.
“La tecnología ha transformado nuestra vida, pero también ha abierto la puerta a delitos que vulneran la privacidad, el patrimonio y la seguridad de las personas”, señaló el legislador.
La propuesta contempla sanciones para conductas como el acceso no autorizado a datos personales, la divulgación de secretos informáticos, el ciberacoso, la sextorsión y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. También se penaliza el contacto sexual con menores por medios digitales, el grooming y la pornografía infantil en línea.
“Queremos que Baja California cuente con un marco legal moderno, que proteja a nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos frente a los abusos digitales”, afirmó Jorge Ramos.
La iniciativa también incluye delitos emergentes como el uso malicioso de inteligencia artificial para crear videos falsos (deepfakes) y el terrorismo cibernético, que busca sembrar miedo o presionar a las autoridades. Las penas van desde seis meses hasta cuarenta años de prisión, dependiendo del tipo de delito y sus agravantes.
“Esta reforma no solo castiga, también previene. Propone medidas como el decomiso de equipos, la prohibición de usar redes sociales y la reparación integral del daño a las víctimas”, subrayó el diputado.