El diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con la que busca tipificar el secuestro de animales domésticos como delito. La propuesta contempla penas de tres meses a dos años de prisión, y parte del reconocimiento de los animales como seres sintientes y como parte integral del núcleo familiar.
“A pesar de los avances legislativos, el maltrato animal sigue en aumento en la entidad. Esta nueva forma de violencia —el secuestro de mascotas para exigir rescate o causar daño— no se encuentra tipificada en el marco penal vigente, lo que impide su atención con la seriedad que merece”, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
Agregó que, en Baja California, se ha transitado de ver a los animales como objetos a reconocer su capacidad de sentir, lo que implica una obligación moral y legal de ofrecerles un trato digno.
El legislador advirtió que el maltrato y, ahora, el secuestro de mascotas son problemas que siguen creciendo. En México, se reportan más de un millón de casos de maltrato animal al día, y la delincuencia ha comenzado a lucrar con el sufrimiento, exigiendo pagos para devolver a los animales sustraídos.
Asimismo, subrayó que las mascotas no solo forman parte del entorno familiar, sino que también cumplen una función terapéutica, afectiva y de seguridad en muchos hogares del estado.
“El vínculo emocional entre una persona y su mascota es profundo, y cuando un animal es arrebatado con violencia o con fines de lucro, no solo se está causando daño a un ser sintiente, sino también se vulnera la estabilidad emocional del núcleo familiar”, expresó.
Esta propuesta busca cerrar vacíos legales y garantizar que este tipo de conductas no queden impunes, enviando un mensaje firme en favor del respeto y la protección de los animales.

El acceso a la información debe ser una garantía para todas y todos, maximizando su acceso en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, máxime cuando se trata sobre la publicación de reformas que tienen un impacto en la vida pública y social de nuestra Entidad.
Por ello, en atención a la aspiración de una sociedad incluyente, sin barreras ni limitantes de acceso a las personas con discapacidad visual, la Legisladora de Morena presentó a la Ley del Periódico Oficial en el Estado (POEBC), a fin de que además de la impresión física de éste, se realice un ejemplar en sistema braille.
Tiene su iniciativa el objeto de reiterar las condiciones de igualdad para todos y todas, y que las personas con discapacidad puedan consultarlo; así como precisar la obligación de la autoridad, y que en su versión digital se procure contar con las herramientas necesarias para que dichas personas tengan acceso al mismo.
Cabe mencionar que, el POEBC es un Órgano del Gobierno de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar los actos que se encuentran comprendidos en el artículo siguiente, que sean expedidos por los Tres Poderes del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que estos sean aplicados y observados debidamente.
El acceso a la edición electrónica de esta publicación, de conformidad con la Ley vigente dice que será gratuito, y en el caso de la edición impresa la Secretaría de Gobierno propondrá el precio de venta, expedición de copias simples o certificadas y el cobro por inserciones, para que sea comprendido en la Ley de Ingresos del Estado en vigor para el año de que se trate.
Sin embargo, enfatizó la legisladora Gloria Miramontes que no se advierte alguna disposición expresa, que permita la lectura o interpretación del mismo para aquellas personas que tengan alguna discapacidad.
En otras palabras, la edición impresa no permite su consulta a personas con discapacidad; además de la revisión a la versión digital no se advierte algún diseño universal para algún sector vulnerable; de ahí la importancia de esta reforma.

En atención a la creciente problemática del abandono y maltrato de animales domésticos en el Estado, el Diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Baja California una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a diversas autoridades estatales y municipales a fortalecer las políticas públicas en materia de bienestar animal.
Durante la exposición de motivos, el legislador subrayó que miles de perros y gatos se encuentran en situación de calle, sin acceso a alimento, atención veterinaria o resguardo, lo que representa un serio problema no solo en términos de protección animal, sino también en lo referente a salud pública, seguridad vial y convivencia social.
Destacó la labor de la Gobernadora del Estado en la materia, particularmente con la creación del Santuario Animal “Mily” en Mexicali, así como el compromiso de ampliar este modelo a otros municipios. No obstante, afirmó que, para consolidar estos esfuerzos, es indispensable que los gobiernos municipales y estatales asuman su corresponsabilidad mediante acciones coordinadas y recursos presupuestales suficientes.
La proposición aprobada contempla tres puntos resolutivos:
Exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para que refuerce la supervisión e intervención ante casos de maltrato y abandono, y se garantice la transparencia en la publicación de información sobre los programas de bienestar animal.
Exhorto a la Secretaría de Salud estatal para que, en coordinación con municipios y organizaciones civiles, fortalezca las campañas permanentes de esterilización, vacunación, adopción y educación para la tenencia responsable.
Exhorto a los siete municipios del Estado para que contemplen, en sus iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026, partidas específicas destinadas a:
La creación o consolidación de Centros Municipales de Atención Animal;
La mejora de campañas de esterilización, vacunación y adopción responsable;
Y el equipamiento de brigadas municipales de protección animal.
“El abandono animal no debe ser visto como un tema menor ni ajeno a la responsabilidad pública. Urge consolidar una política integral y permanente de protección a los animales, con voluntad política, presupuesto y corresponsabilidad institucional”, afirmó Mogollón Pérez