Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores.
La propuesta plantea que el Estado, en coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, instale módulos de asesoría jurídica y orientación social gratuita en todo el estado. Estos espacios deberán contar con personal capacitado, brindar atención especializada y accesible, y garantizar un seguimiento continuo de los casos.
El reconocimiento de sus derechos implica asegurar su dignidad, autonomía, participación activa en la sociedad y acceso equitativo a salud, vivienda, protección social y justicia. Además, es clave combatir el edadismo y fomentar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Ramón Vázquez subrayó que muchas personas mayores enfrentan barreras como trámites burocráticos complejos, discriminación por edad, falta de empatía institucional y exclusión tecnológica; condiciones que vulneran su dignidad y autonomía, y limitan su participación plena en la sociedad.
“Promover un envejecimiento activo y respetuoso implica garantizar que las personas mayores puedan tomar decisiones sobre su vida, acceder a servicios legales sin obstáculos y recibir un trato digno por parte de las autoridades”, señaló el legislador de Morena.
La iniciativa también enfatiza la necesidad de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que reconozcan el valor social de las personas adultas mayores y aseguren su inclusión en todos los ámbitos de la vida pública.
Con esta reforma, se busca no solo brindar servicios legales, sino también construir una red de apoyo integral que atienda las necesidades sociales y emocionales de las personas adultas mayores.
Mientras tanto el proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores para su análisis, dictaminación y eventual discusión ante el Pleno.

La diputada María Teresa Méndez Vélez, presentó un exhorto a los Presidentes Municipales de los siete Ayuntamientos de Baja California a revisar y, en su caso, armonizar sus reglamentos de Panteones Municipales para incorporar la figura de fosas individualizadas, como lo establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada y la Ley Estatal sobre Desaparición y Búsqueda de Personas.
La legisladora insistió que esta propuesta no plantea nuevas exigencias, sino que responde a disposiciones ya contempladas en el marco legal vigente, el cual establece que la inhumación de personas fallecidas no identificadas debe realizarse de manera digna, en fosas individuales, localizables y debidamente registradas.
“La dignidad no termina con la vida, toda persona, aún sin ser identificada, merece una inhumación digna y conforme a la ley. Este exhorto busca que nuestros municipios hagan lo que les corresponde: respetar los derechos humanos incluso en el último momento,” expresó la diputada Maythé Méndez desde tribuna.
Asimismo, destacó que este avance normativo responde directamente al impulso de familiares y colectivos organizados de la sociedad civil, quienes por años han exigido mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense.
“Este esfuerzo nace de la lucha de miles de familias y colectivos que han exigido que el Estado haga lo necesario para encontrar a sus seres queridos. La armonización de reglamentos municipales es un paso crucial para que esas búsquedas tengan una respuesta real, seria y respetuosa,” añadió.
Derivado de lo anterior, la proposición fue respaldada por el Pleno, emitiendo un llamado directo a los cabildos de Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe para que, en el ámbito de sus atribuciones, adecuen sus reglamentos de panteones municipales.
Esta adecuación permitirá que las personas fallecidas no identificadas sean sepultadas conforme a las leyes mencionadas, fortaleciendo así el acceso a la verdad, la justicia y la memoria.

Con el objetivo de proteger la infraestructura educativa y salvaguardar el patrimonio escolar durante el periodo vacacional, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto presentado por la Diputada Norma Angelica Peñaloza, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación del Estado, en coordinación con las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios, implementar medidas de vigilancia en las escuelas de la entidad.
Durante la exposición de motivos, la diputada Peñaloza destacó que tan solo en el último año se registraron 176 reportes de robo y vandalismo en planteles escolares de Mexicali, lo que representa el 84% del total estatal, según datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esta situación ha provocado pérdidas superiores a los 600 mil pesos, y afectaciones en más de 440 escuelas en toda Baja California.
“El vandalismo no solo representa un daño económico al erario, sino que afecta directamente el bienestar y el rendimiento académico de nuestras niñas, niños y jóvenes, quienes muchas veces regresan a escuelas sin aire acondicionado, sin mobiliario o incluso sin instalaciones funcionales”, señaló la legisladora morenista.
La iniciativa resalta que, a pesar de la reciente inversión de más de 20 millones de pesos para la adquisición de mil aparatos de refrigeración en más de 300 escuelas, especialmente en Mexicali y San Felipe, gran parte de este esfuerzo se ve frustrado por la falta de seguridad en los planteles durante los periodos vacacionales.
El exhorto aprobado establece como urgente y de obvia resolución que la Secretaría de Educación, encabezada por la Mtra. Irma Martínez Manríquez, implemente de manera coordinada acciones de vigilancia que protejan las escuelas de robos y actos vandálicos durante el receso de verano.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales a reconocer que la seguridad en los centros educativos no debe limitarse al horario escolar, sino ser parte de una estrategia permanente de protección del entorno comunitario.