La diputada María Teresa Méndez Vélez, presentó un exhorto a los Presidentes Municipales de los siete Ayuntamientos de Baja California a revisar y, en su caso, armonizar sus reglamentos de Panteones Municipales para incorporar la figura de fosas individualizadas, como lo establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada y la Ley Estatal sobre Desaparición y Búsqueda de Personas.
La legisladora insistió que esta propuesta no plantea nuevas exigencias, sino que responde a disposiciones ya contempladas en el marco legal vigente, el cual establece que la inhumación de personas fallecidas no identificadas debe realizarse de manera digna, en fosas individuales, localizables y debidamente registradas.
“La dignidad no termina con la vida, toda persona, aún sin ser identificada, merece una inhumación digna y conforme a la ley. Este exhorto busca que nuestros municipios hagan lo que les corresponde: respetar los derechos humanos incluso en el último momento,” expresó la diputada Maythé Méndez desde tribuna.
Asimismo, destacó que este avance normativo responde directamente al impulso de familiares y colectivos organizados de la sociedad civil, quienes por años han exigido mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense.
“Este esfuerzo nace de la lucha de miles de familias y colectivos que han exigido que el Estado haga lo necesario para encontrar a sus seres queridos. La armonización de reglamentos municipales es un paso crucial para que esas búsquedas tengan una respuesta real, seria y respetuosa,” añadió.
Derivado de lo anterior, la proposición fue respaldada por el Pleno, emitiendo un llamado directo a los cabildos de Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe para que, en el ámbito de sus atribuciones, adecuen sus reglamentos de panteones municipales.
Esta adecuación permitirá que las personas fallecidas no identificadas sean sepultadas conforme a las leyes mencionadas, fortaleciendo así el acceso a la verdad, la justicia y la memoria.

Con el objetivo de proteger la infraestructura educativa y salvaguardar el patrimonio escolar durante el periodo vacacional, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto presentado por la Diputada Norma Angelica Peñaloza, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación del Estado, en coordinación con las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios, implementar medidas de vigilancia en las escuelas de la entidad.
Durante la exposición de motivos, la diputada Peñaloza destacó que tan solo en el último año se registraron 176 reportes de robo y vandalismo en planteles escolares de Mexicali, lo que representa el 84% del total estatal, según datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esta situación ha provocado pérdidas superiores a los 600 mil pesos, y afectaciones en más de 440 escuelas en toda Baja California.
“El vandalismo no solo representa un daño económico al erario, sino que afecta directamente el bienestar y el rendimiento académico de nuestras niñas, niños y jóvenes, quienes muchas veces regresan a escuelas sin aire acondicionado, sin mobiliario o incluso sin instalaciones funcionales”, señaló la legisladora morenista.
La iniciativa resalta que, a pesar de la reciente inversión de más de 20 millones de pesos para la adquisición de mil aparatos de refrigeración en más de 300 escuelas, especialmente en Mexicali y San Felipe, gran parte de este esfuerzo se ve frustrado por la falta de seguridad en los planteles durante los periodos vacacionales.
El exhorto aprobado establece como urgente y de obvia resolución que la Secretaría de Educación, encabezada por la Mtra. Irma Martínez Manríquez, implemente de manera coordinada acciones de vigilancia que protejan las escuelas de robos y actos vandálicos durante el receso de verano.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales a reconocer que la seguridad en los centros educativos no debe limitarse al horario escolar, sino ser parte de una estrategia permanente de protección del entorno comunitario.

En la sede del Poder Legislativo del Congreso del Estado, se llevó a cabo el Foro “Cuando el control se disfraza de…”, presidido por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con el objetivo de conocer la problemática de manipulación coercitiva desde la voz de especialistas y experiencias ciudadanas, que permitan establecer estrategias para abordarla.
En su mensaje de bienvenida, la diputada morenista Michel Sánchez, externó que se recibieron en el Congreso del Estado una serie de denuncias por parte de personas, en su mayoría mujeres, que señalaron haber sido víctimas de estrategias de persuasión para someter su conducta, a través de técnicas que se denominan de manipulación coercitiva.
La diputada Michel Sánchez resaltó que “este concepto no es muy conocido, sin embargo, gracias a las víctimas que tuvieron el valor de hablar ante un sistema que las ha ignorado y las ha violentado, decidimos que era necesario conocer más a profundidad el tema para poder legislarlo desde el Congreso del Estado”, indicó.
El evento se realizó de manera coordinada con la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado, que encabeza la Mtra. Patricia Ochoa Valle, a quien correspondió presentar al ponente de este foro, el Doctor Carlos Bardavío Antón, abogado español, doctor en derecho penal especializado en sectas y escritor.
El Doctor Carlos Bardavío, indicó que existen muchos casos a nivel mundial, en España y en Francia ya se ha legislado y se han dado sentencias e informó que realizó una propuesta de legislación para México, que fue tomada en parte en el proyecto de reforma a la Ley General de Trata de Personas en el año 2024, donde se establecen los términos de: técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva; engaño coercitivo y libre capacidad.
En ese sentido, dio a conocer que en el año 2023, también publicó en la revista de la UNAM, una propuesta de tipificación que, de acuerdo con su experiencia, debe estar enfocada en sancionar el comportamiento criminal, no a un grupo por su ideología, con una pena de 5 a 8 años y una multa de 250 a 500 días de salario mínimo.
Posteriormente se dio espacio de manera privada, para recabar las experiencias de parte de las víctimas, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general, para crear un diagnóstico de la problemática en el Estado.
La diputada Michel Sánchez refirió que es urgente reflexionar sobre las organizaciones coercitivas, así como sus técnicas de manipulación y persuasión coercitiva, así como el problema que generan a sus víctimas directas e indirectas, con la finalidad de crear un marco normativo sobre la prevención, atención y protección a las víctimas de estas organizaciones y la sanción de las personas responsables.
Cabe destacar que durante el evento se contó con área de asesoría psicológica de contención, asesoría jurídica y así como botiquín y servicio de enfermería, así como un área para cuidado de infancias a cargo del DIF para quien acudiera con menores.
Se contó con la presencia del diputado Juan Manuel Molina García, el Procurador de la Secretaría del Trabajo, René A. Castro Gascón; la directora del Instituto de la Mujer de Mexicali, Manuela Ramos Mendoza; de la CEDH, la Secretaria Ejecutiva Ixchel Barboza Romero; representantes del Poder Judicial de Baja California, de CEJUM con apoyo jurídico y del INMUJERBC con apoyo psicológico. Asimismo, se contó con la presencia y participación de Asociaciones Civiles y ciudadanía en general.