Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores.
La propuesta plantea que el Estado, en coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, instale módulos de asesoría jurídica y orientación social gratuita en todo el estado. Estos espacios deberán contar con personal capacitado, brindar atención especializada y accesible, y garantizar un seguimiento continuo de los casos.
El reconocimiento de sus derechos implica asegurar su dignidad, autonomía, participación activa en la sociedad y acceso equitativo a salud, vivienda, protección social y justicia. Además, es clave combatir el edadismo y fomentar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Ramón Vázquez subrayó que muchas personas mayores enfrentan barreras como trámites burocráticos complejos, discriminación por edad, falta de empatía institucional y exclusión tecnológica; condiciones que vulneran su dignidad y autonomía, y limitan su participación plena en la sociedad.
“Promover un envejecimiento activo y respetuoso implica garantizar que las personas mayores puedan tomar decisiones sobre su vida, acceder a servicios legales sin obstáculos y recibir un trato digno por parte de las autoridades”, señaló el legislador de Morena.
La iniciativa también enfatiza la necesidad de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que reconozcan el valor social de las personas adultas mayores y aseguren su inclusión en todos los ámbitos de la vida pública.
Con esta reforma, se busca no solo brindar servicios legales, sino también construir una red de apoyo integral que atienda las necesidades sociales y emocionales de las personas adultas mayores.
Mientras tanto el proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores para su análisis, dictaminación y eventual discusión ante el Pleno.

Con el objetivo de armonizar el marco normativo estatal con los derechos humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Baja California, con la finalidad de eliminar las causales de divorcio y permitir que cualquier persona pueda disolver el vínculo matrimonial por la sola manifestación de su voluntad.
Durante la exposición de motivos, la legisladora del Partido Verde explicó que esta reforma se fundamenta en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte. Dicho derecho implica la libertad de cada persona para definir su proyecto de vida, incluyendo la decisión de contraer matrimonio, permanecer casado o divorciarse, sin necesidad de justificar su decisión ante el Estado.
“El divorcio debe dejar de ser un proceso judicial cargado de culpa, desgaste emocional y burocracia. Ninguna persona debería estar obligada a permanecer casada si ya no lo desea. Esta iniciativa reconoce la dignidad y la autonomía individual como ejes centrales de nuestra vida jurídica”, expresó Padilla Mendoza.
La propuesta contempla reformas a los artículos 263, 264, 269, 270, 273 y 286, y deroga una veintena de artículos más, entre ellos los que enumeraban las antiguas causales para solicitar el divorcio. En su lugar, se establece que bastará con que uno de los cónyuges manifieste su voluntad de no continuar con el matrimonio, acompañado de una propuesta de convenio para regular las consecuencias legales del mismo.
Asimismo, se mantiene el esquema de divorcio administrativo y se establecen las reglas aplicables para los casos de mutuo consentimiento, preservando los derechos de hijos menores de edad y el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Padilla Mendoza subrayó que Baja California se encuentra rezagada en este tema frente a otras entidades federativas como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, donde el divorcio sin expresión de causa ya es una realidad jurídica. “No podemos seguir atando la disolución del matrimonio a un catálogo de culpas. La ley debe reflejar los principios de igualdad, libertad y respeto a la vida privada”, puntualizó.
Con esta iniciativa, se avanza hacia un modelo más respetuoso de los derechos humanos, al eliminar las cargas procesales injustificadas y proteger a las personas de procesos judiciales revictimizantes.

La diputada María Teresa Méndez Vélez, presentó un exhorto a los Presidentes Municipales de los siete Ayuntamientos de Baja California a revisar y, en su caso, armonizar sus reglamentos de Panteones Municipales para incorporar la figura de fosas individualizadas, como lo establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada y la Ley Estatal sobre Desaparición y Búsqueda de Personas.
La legisladora insistió que esta propuesta no plantea nuevas exigencias, sino que responde a disposiciones ya contempladas en el marco legal vigente, el cual establece que la inhumación de personas fallecidas no identificadas debe realizarse de manera digna, en fosas individuales, localizables y debidamente registradas.
“La dignidad no termina con la vida, toda persona, aún sin ser identificada, merece una inhumación digna y conforme a la ley. Este exhorto busca que nuestros municipios hagan lo que les corresponde: respetar los derechos humanos incluso en el último momento,” expresó la diputada Maythé Méndez desde tribuna.
Asimismo, destacó que este avance normativo responde directamente al impulso de familiares y colectivos organizados de la sociedad civil, quienes por años han exigido mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense.
“Este esfuerzo nace de la lucha de miles de familias y colectivos que han exigido que el Estado haga lo necesario para encontrar a sus seres queridos. La armonización de reglamentos municipales es un paso crucial para que esas búsquedas tengan una respuesta real, seria y respetuosa,” añadió.
Derivado de lo anterior, la proposición fue respaldada por el Pleno, emitiendo un llamado directo a los cabildos de Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe para que, en el ámbito de sus atribuciones, adecuen sus reglamentos de panteones municipales.
Esta adecuación permitirá que las personas fallecidas no identificadas sean sepultadas conforme a las leyes mencionadas, fortaleciendo así el acceso a la verdad, la justicia y la memoria.