La diputada María Teresa Méndez Vélez, presentó un exhorto a los Presidentes Municipales de los siete Ayuntamientos de Baja California a revisar y, en su caso, armonizar sus reglamentos de Panteones Municipales para incorporar la figura de fosas individualizadas, como lo establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada y la Ley Estatal sobre Desaparición y Búsqueda de Personas.
La legisladora insistió que esta propuesta no plantea nuevas exigencias, sino que responde a disposiciones ya contempladas en el marco legal vigente, el cual establece que la inhumación de personas fallecidas no identificadas debe realizarse de manera digna, en fosas individuales, localizables y debidamente registradas.
“La dignidad no termina con la vida, toda persona, aún sin ser identificada, merece una inhumación digna y conforme a la ley. Este exhorto busca que nuestros municipios hagan lo que les corresponde: respetar los derechos humanos incluso en el último momento,” expresó la diputada Maythé Méndez desde tribuna.
Asimismo, destacó que este avance normativo responde directamente al impulso de familiares y colectivos organizados de la sociedad civil, quienes por años han exigido mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense.
“Este esfuerzo nace de la lucha de miles de familias y colectivos que han exigido que el Estado haga lo necesario para encontrar a sus seres queridos. La armonización de reglamentos municipales es un paso crucial para que esas búsquedas tengan una respuesta real, seria y respetuosa,” añadió.
Derivado de lo anterior, la proposición fue respaldada por el Pleno, emitiendo un llamado directo a los cabildos de Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe para que, en el ámbito de sus atribuciones, adecuen sus reglamentos de panteones municipales.
Esta adecuación permitirá que las personas fallecidas no identificadas sean sepultadas conforme a las leyes mencionadas, fortaleciendo así el acceso a la verdad, la justicia y la memoria.

Con el objetivo de proteger la infraestructura educativa y salvaguardar el patrimonio escolar durante el periodo vacacional, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto presentado por la Diputada Norma Angelica Peñaloza, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación del Estado, en coordinación con las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios, implementar medidas de vigilancia en las escuelas de la entidad.
Durante la exposición de motivos, la diputada Peñaloza destacó que tan solo en el último año se registraron 176 reportes de robo y vandalismo en planteles escolares de Mexicali, lo que representa el 84% del total estatal, según datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esta situación ha provocado pérdidas superiores a los 600 mil pesos, y afectaciones en más de 440 escuelas en toda Baja California.
“El vandalismo no solo representa un daño económico al erario, sino que afecta directamente el bienestar y el rendimiento académico de nuestras niñas, niños y jóvenes, quienes muchas veces regresan a escuelas sin aire acondicionado, sin mobiliario o incluso sin instalaciones funcionales”, señaló la legisladora morenista.
La iniciativa resalta que, a pesar de la reciente inversión de más de 20 millones de pesos para la adquisición de mil aparatos de refrigeración en más de 300 escuelas, especialmente en Mexicali y San Felipe, gran parte de este esfuerzo se ve frustrado por la falta de seguridad en los planteles durante los periodos vacacionales.
El exhorto aprobado establece como urgente y de obvia resolución que la Secretaría de Educación, encabezada por la Mtra. Irma Martínez Manríquez, implemente de manera coordinada acciones de vigilancia que protejan las escuelas de robos y actos vandálicos durante el receso de verano.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales a reconocer que la seguridad en los centros educativos no debe limitarse al horario escolar, sino ser parte de una estrategia permanente de protección del entorno comunitario.

La Diputada Julia Andrea González Quiroz, pretende establecer la perspectiva de género, en las funciones de las Unidades Administrativas y Direcciones del Poder Legislativo del Estado, así como la Igualdad Sustantiva en la integración de los Órganos Técnicos, acorde a las últimas reformas constitucionales, federal y local.
Para tal efecto la Congresista de Morena, presentó una reforma a diversos artículos de la Ley que rige al Congreso de Baja California, misma que fue turnada a la Comisión Legislativa del ramo para su estudio y análisis.
Indicó en su exposición de motivos: “Nuestra máxima disposición, establece el principio de la paridad de género, en los nombramientos de las personas servidoras públicas titulares que integren el gabinete legal y ampliado, en la administración pública estatal y municipal y, el derecho a recibir un trato igualitario y respetuoso”.
Por tales motivos, presentó esta reforma a la Ley del Poder Legislativo, específicamente a los artículos relacionados con la implementación interseccional de la perspectiva de género, y en concordancia con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado.
Resaltó que, sin duda se han realizado avances por parte de esta Legislatura y las dos anteriores en materia de Igualdad de Género, como el caso de la reforma al artículo 122, donde se establece una regla para la técnica legislativa: El contenido de los dictámenes, deberá realizarse con perspectiva de género y estar redactados en lenguaje incluyente y no sexista”.
Entonces, se propone modificar el artículo 16 TER, con respecto del “El Plan” que se integra por una Agenda Legislativa Básica, que deberá elaborarse bajo los principios de eficiencia y democracia, proponiendo agregar el principio de Inclusión.
Por su parte, el artículo 40 incluye un ajuste gramatical. Se propone agregar la obligación del Poder Legislativo de observar el derecho de Igualdad Sustantiva en la integración de los Órganos Técnicos, lo mismo ocurre con los artículos 62 y 67.
Julia González subrayó que, en el mes de febrero se publicó la Ley de Capacitación en Materia de Género, con la intención de la capacitación obligatoria para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres en las distintas modalidades, para todas las personas servidoras públicas, o que presten sus servicios profesionales en Baja California.
Lo anterior, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que propuso modificar el artículo 77 BIS, para que se establezca en el Programa de Capacitación del Congreso, la obligación de aplicar la perspectiva de género en la capacitación que se calendarice para todo el personal.